Diego Rodríguez y Nicolás Aldunate son militantes de Izquierda Autónoma

Lejos del romántico imaginario de un empleo público estable y protegido, en Chile el Estado es definitivamente el peor empleador. 

La flexibilidad laboral, ideologismo propio de las peores prácticas del mundo privado, ha terminado por instalarse como una verdadera política de Estado respecto al empleo público, ya sea en la modalidad de subcontratados, honorarios e incluso en las contratas (falsamente asociadas a estabilidad laboral). Asistimos a la existencia de verdaderos temporeros del Estado, que orbitan en proyectos que van y vienen, sin posibilidad de proyectarse profesionalmente, con miedo y angustia cada fin de año, sin derechos laborales y cargando en la mayoría de los casos, las deudas de una educación mercantilizada.

Somos miles los trabajadores y trabajadoras a honorarios cumpliendo labores dependientes, que vivimos sin derecho a enfermarnos, a que el empleador cumpla con el pago de ahorros previsionales, ni menos a estabilidad laboral. En el mejor de los casos, quienes trabajamos a contrata contamos con algunos resguardos básicos, pero nuestra estabilidad sigue dependiendo año a año de la voluntad de las jefaturas de turno, que muchas veces no responde a criterios profesionales.

Precarización del servicio público, una decisión política

Este escenario de precarización laboral no sólo nos afecta de manera particular en tanto trabajadores y trabajadoras. Las condiciones en que se desarrolla el trabajo público impactan directamente en el sentido y la calidad del servicio que podemos brindar a la sociedad.

Profesores, académicos, censistas, médicos, administrativos y fiscalizadores de distintas reparticiones públicas lo han denunciado: hoy el Estado no brinda a sus funcionarios las condiciones mínimas para realizar sus tareas de manera adecuada.

En este escenario, perdemos todos. Perdemos las y los trabajadores que sufrimos de malas condiciones laborales y dificultades para realizar nuestro trabajo, y pierde la sociedad en su conjunto, con servicios públicos precarizados, incapaces de dar respuesta a sus necesidades.

Pero este escenario no es casual, ni las contradicciones del sector público algo natural. La precarización del empleo y los servicios públicos responden a un mismo diseño, es la lógica del Estado subsidiario que busca poner en el centro la iniciativa privada, debilitando a su paso los servicios públicos. En un diseño político que busca promover el interés de la empresa privada por sobre el bien común, donde no caben los trabajadores y las trabajadores organizadas, ni la estabilidad laboral de sus funcionarios, ni los servicios públicos fortalecidos, elementos necesarios para pensar en un Estado garante de derechos sociales.

La lejanía de las fuerzas políticas

Pese a que esta lectura de la situación no es nueva, las fuerzas políticas que actualmente dirigen las principales organizaciones de trabajadores han hecho la vista gorda con este problema y la génesis política de la precarización del empleo público, llegando a ser cómplices activos del problema. La exclusión deliberada de las organizaciones de honorarios de la MSP; el uso de honorarios y subcontratados como moneda de cambio en las negociaciones con las autoridades de turno para sus intereses particulares; el que las cúpulas de la ANEF hayan intentado instalar causas de despido más flexibles para quienes trabajan a contrata en el marco de la Mesa del Sector Público; entre otras cosas, son evidencias suficientes de prácticas al servicio del Estado subsidiario.

Por otro lado, al limitar la acción de las franjas organizadas de este sector a la demanda corporativa del reajuste anual, los partidos políticos, y particularmente la izquierda tradicional de socialistas y comunistas, han renunciado a incluir y organizar a las nuevas franjas de trabajadores del Estado, transformarse en verdaderas oficinas de recursos humanos del gobierno de la Nueva Mayoría. Ha sido más frecuente ver a estos dirigentes defendiendo el supuesto “legado” de Bachelet en lugar de organizar a esas amplias capas de trabajadores que han surgido al calor de la “modernización” neoliberal del Estado.

En este contexto, las nuevas fuerzas de cambio tenemos un tremendo desafío por delante. Hoy el Frente Amplio reúne a parte importante de las mejores experiencias de lucha y construcción social de las últimas décadas, y nos reconocemos parte de este esfuerzo por proyectarlas a la lucha política. Sin embargo, si el Frente Amplio no apuesta decididamente a la organización social y política de las y los trabajadores, a la representación de las fuerzas sociales que de forma autónoma hoy se manifiestan por la conquista de sus derechos y la redefinición del servicio público, no pasará de ser un honesto esfuerzo sin capacidad transformadora. Lamentablemente, esta definición es aún objeto de debate al interior del mismo Frente Amplio.

Una invitación a repensar el empleo público

Es por ello que requerimos de un espacio que permita sumar en este sentido: poner el interés colectivo (y no el empresarial) en el centro de la discusión, entendiendo las condiciones laborales de las y los trabajadores del Estado como base para un servicio público con sentido y de calidad, que permita cumplir con las necesidades de las mayorías de este país. Además de ser una condición necesaria para superar el corporativismo y el burocratismo que muchas veces vemos como principales políticas sindicales. Esta es una conversación que recién se abre, y anida en los actores que convoca la posibilidad de un nuevo servicio público para un nuevo Chile. RPS