Ximena Goecke es Coordinadora Grupo de Apoyo Programático de DD.HH y militante del Frente Amplio

Acabamos de conmemorar un nuevo 8 de marzo. La fecha nos presenta la oportunidad de conversar y movilizarnos como mujeres en relación con nuestra situación en nuestra sociedad. Y no estamos hablando aquí de la violencia contra las mujeres o del aborto, temas que han merecido mucha tribuna en los últimos años y que merecen su propio espacio de debate, sino de una fecha que contiene su propia especificidad, muchas veces opacada por la apropiación comercial de la conmemoración. Marzo trae consigo la memoria y reivindica la causa de todas nuestras hermanas que durante años y años se han manifestado contra la explotación económica de las mujeres. Y la crítica al lugar de las mujeres en la economía no es algo ajeno a una perspectiva feminista, sino parte esencial de ella.

Muchos debates se hacen hoy en día acerca del sentido del feminismo. Más allá de las diferentes miradas que existen, lo esencial de este movimiento es siempre una crítica política: la disputa por alterar, transformar, generar otras relaciones de poder en nuestra sociedad, superando aquellas que colocan a la mujer en una posición de dependencia, vulnerabilidad y explotación. Esto incluye, desde luego, la transformación de la forma en que se distribuyen los recursos y el lugar que ocupamos en la producción y reproducción social, así como la posibilidad de acceder y disfrutar a bienes sociales y culturales.

Así pues, los temas económicos no ocupan un lugar menor dentro de las reflexiones feministas. En el mundo que habitamos, las feministas hemos tomado conciencia de que la subordinación de las mujeres es indispensable para extraer de nosotras la fuerza productiva y reproductiva que sostiene en buena medida el sistema capitalista. Es allí donde encuentra su origen y sentido la desigualdad de contratos, de sueldos, de reconocimiento y de promoción laboral, el abuso y las formas de violencias que sufrimos en el espacio laboral y, el rechazo al acceso limitado o mediocre que como mujeres tenemos dentro del sistema de bienestar social, por nombrar algunos de las aspectos que evidencian la estrecha relación entre patriarcado y capitalismo. Y es precisamente esta estrecha vinculación la que explica la potencial amenaza que representa para el orden establecido la radicalidad política del movimiento.

Cuestionar este orden, reclamar equidad, derechos y libertades, y por ende, un nuevo marco de relaciones sociales, tensiona el sistema porque la transformación de todo ello implicaría un cambio sustantivo. A esto se refieren algunas importantes autoras feministas cuando hablan del gran potencial revolucionario del feminismo.

La participación laboral de las mujeres chilenas ha sido lenta, y es todavía baja en comparación al promedio latinoamericano (54%), alcanzando en 2016 un 48%. Y al mismo tiempo, la pobreza se concentra significativamente en manos de mujeres: el 52% de los hogares pobres tienen a una mujer como jefa de hogar/sostenedora, según Casen 2015. ¿A qué se debe esto?

Las mujeres en Chile somos consideradas mano de obra barata. Y su trabajo está concentrado en áreas de menor prestigio social, flexibilizados y en muchos casos, temporales. De acuerdo a los datos aportados por Fundación Sol en Mujeres Trabajando (2015), aquellas privilegiadas que obtienen una plaza en el mercado laboral formal, se concentran en el área servicios (cerca de un 70% de las mujeres empleadas están en ese segmento); en rubros que son generalmente extensiones del trabajo doméstico (cocina, cuidados, limpieza, servicios sociales, comercio y enseñanza).

Observamos así que la mayor participación económica de la mujer no ha implicado, por lo tanto, necesariamente una modificación sustantiva de los patrones culturales que han acomodado el ingreso de la mujer al trabajo y a las expectativas de género vigentes en la sociedad. Patrones culturales que transitan por dos vías: en primer lugar, por direccionamiento a lo largo del proceso formativo-educativo de ellas, que canaliza su vocación preferentemente hacia ciertas ocupaciones; y en segundo lugar por el propio campo laboral, que estimula la feminización intensiva de ciertos campos educacionales, y que estudios han demostrado se relaciona de manera significativa con la estructura salarial.

Pero aun cuando haya un trabajo formal, la precarización de los empleos –que se ha observado generalizadamente en las últimas décadas en el mercado laboral de nuestro país- también impacta de manera más fuerte a las mujeres. Y tal vez, muchos de los esfuerzos de las patronales por introducir mujeres en la economía de manera significativa, también esté relacionada con la búsqueda de trabajadores más precarizables y baratos. Si bien Chile es un país que provee a sus trabajadores en general de sueldos excesivamente bajos –con un 70% de la población ganando menos de $400.000 pesos– en el caso de las mujeres, la precariedad laboral y el bajo valor asignado al trabajo femenino, se asocia a un todavía más bajo nivel de remuneraciones que sus pares masculinos. El 74% de las mujeres chilenas gana menos de $350.000 pesos líquidos, y el 50% de ellas menos de $270.000 pesos, apenas sobre el sueldo mínimo. La brecha salarial entre hombres y mujeres es en Chile una de las más altas en la región (sólo superada por Brasil), alcanzando un 26,6% en promedio. En los estratos superiores, con mayor formación académica y puestos de mayor estatus e ingreso, la situación se agudiza, llegando a alcanzar la brecha salarial hasta un 31,7% (Datos Fundación Sol, 2015).

La diferencia de inserción laboral impacta también la posibilidad de estas mujeres de organizarse para buscar cambios y defender sus derechos: las mujeres concentran en Chile la mayor parte de los contratos temporales y a honorarios, lo que restringe su capacidad de afiliarse a un sindicato.

Las mujeres son también las primeras en recibir el impacto de las restricciones económicas y situaciones de crisis. Las cifras oficiales sitúan en al menos un punto la diferencia entre el desempleo masculino y femenino. Para 2016, por ejemplo, 7% para las mujeres, 6% para los hombres. Ellas además superan con creces a los hombres en las categorías de subempleadas, desempleadas y de trabajadoras con desempleo oculto.

Tan importante como el tipo de contrato y el salario, resultan los elementos culturales, como aquel que afirma el mayor costo del trabajo de las mujeres debido a su potencial maternidad, costo que se ha demostrado se sostiene más en el prejuicio que en la realidad. A ello se suman las prácticas laborales de sobrecarga de las mujeres (más horas extras, más multiplicación de tareas por sobre lo contratado) y la llamada segunda jornada, que culturalmente se les asigna, y que se refiere no sólo a tareas domésticas, sino a labores de cuidado, voluntariado y trabajo comunitario. De este modo, las mujeres chilenas trabajan en promedio varias horas más diarias que los hombres, con un promedio de 5,89 horas al día, generándose una carga global de tiempo de trabajo (remunerado y no remunerado) de al menos dos horas más, independiente del tipo de jornada laboral que ellas tengan.

En este marco, las mujeres sufren una importante sobrecarga psico-emocional. El trabajo coloca una fuerte presión psicológica sobre ellas, partiendo por exigencias asociadas a la apariencia y el ánimo esperado por los empleadores. La percepción del techo de cristal genera frustración y desaliento. La falta de perspectivas y desafíos causa tanto agobio laboral como la rutina o la exigencia de cuotas de sacrificio personal. Además, las mujeres sufren también mayores índices de maltrato psicológico, acoso laboral y acoso sexual en el trabajo. Tienen pocas oportunidades de ascenso y reconocimiento. Tienden a ser contratadas para trabajos más rutinarios y de poco desarrollo personal.

Producto de esta realidad, la situación de las mujeres en el sistema previsional ha sido resaltada como particularmente preocupante. Las malas condiciones laborales se unen a la forma en que en nuestro país se han estructurado las políticas de bienestar social, en una lógica de asistencialismo focalizado. El continuo desmantelamiento del sistema de bienestar social público y el traspaso de buena parte del área social (educación, salud, previsión) al mercado desde la dictadura, también ha generado una forma de hacer política pública que ha impedido generar las condiciones para asegurar nuestro bienestar. De este modo, se han amplificado los efectos perjudiciales para nosotras, profundizando la explotación y el sufrimiento de las mujeres, condenándonos a la vulnerabilidad, precariedad y dependencia, especialmente en la vejez.

Así ocurre en el Sistema Previsional actual -las AFP-, que no sólo no se corrige la desigualdad que sufrimos en el mundo laboral, sino que se estructura en perjuicios, justificando la diferencia en nuestra biología (vivir más, parir, criar hijos) y precariedad de nuestra vida laboral (por la falta de trabajo decente, promoción y estabilidad), factores que se traducen en menor ahorro y menor monto de las pensiones, o en la ausencia total de pensión y dependencia de beneficios mínimos del estado.

Detrás de esta realidad –desoladora, por cierto- hay obviamente un entramado político-cultural-económico que sostiene y estimula esta inequidad. No es casualidad que la economía funcione así. El patriarcado sirve de marco y excusa para sostener las diferencias en la distribución de poder, de riqueza, de bienestar físico y mental, así como de perspectivas y de reconocimiento de las mujeres. Y poder realizar cambios sustantivos en esta dimensión implica necesariamente la transformación de las relaciones de poder entre los sexos dentro de nuestra sociedad. Es decir, necesitamos feminismo. RPS