Ernesto Orellana es profesor, director teatral y activista sexo-disidente

He sido profesor en liceos públicos y en universidades. La precariedad laboral es tremenda. La ingratitud también. No estudié pedagogía, estudié teatro, pero la necesidad laboral y la sobrevivencia en otro precario universo laboral (las artes), me condujo a especializarme a mi pasión por enseñar. Hoy soy profesor y estoy profundamente orgulloso de serlo. 

El silencio de las autoridades de gobierno frente a la movilización nacional de profesoras y profesores es violento y arrogantemente neoliberal. Seamos precisos: Sebastián Piñera, que reúne entre sus ministros a una ex juventud pinochetista que rindió lealtad al dictador en Chacarillas, la tienen clara, creen en la educación como bien de consumo. El mismo que en su anterior gobierno durante 2011, declaro que la “educación es un bien de consumo” y que durante la campaña presidencial de 2017, contradiciendo populistamente sus principios declaró que entendía que la “educación es un derecho”, hoy vuelve a mostrar sus verdaderos intereses: una educación instrumental (no integral), que garantice el crecimiento neoliberal del país, y por cierto, que no afecte su defendida libertad de enseñanza y opción de las familias de dónde educar a les niñes y jóvenes. Como si la mayoría de la población en Chile pudiera optar a elegir, eso sólo existe en la civilización burguesa, esa fantasía que vive el ministro de Vivienda y Urbanismo (Cristian Monckerberg)  que afirmaba hace un par de meses que “la mayoría de los chilenos son propietarios y cuentan con una casita en la playa”.

En los años setenta, el escritor italiano gramsciano Pier Paolo Pasolini, profetizaba que la “civilización del consumo sería la nueva revolución de la burguesía”. Pasolini, no se equivocó, al punto que sus múltiples denuncias terminaron asesinándolo en 1975. Una lectura simplista de la historia leería que tras la caída de los regímenes totalitarios dando paso a los regímenes democráticos, los proyectos de economías socialistas sucumbieron ante la avanzada industrializada de las economías capitalistas, que veían en la democracia la libertad para progresar sus ideales liberales e intereses económicos sin límites, versus una encruzijada de contradicciones en las democracias socialistas que para no dañar las soberanías populares (mientras intentaban re-inventar las transformaciones en el marco del respeto igualitario que las democracias exigen como requisito), perdían territorio, industria, recursos, votos, pueblo y soberanía. El neoliberalismo, la pólvora inventada en la escuela de chicago por Freedman, y educada al pie de la letra a nuestros actuales gobernantes, terminó por reducir los derechos sociales a bienes de consumo. Pasolini, es mi profeta.

Piñera, no se equivocaba, tenía razón, las contradicciones de un modelo neoliberal consumado le hizo ganar una vez más la cabeza del estado 7 años después de su polémica declaración: la educación en Chile sí es un bien de consumo. Pero así como el feminismo nos ha enseñado que el fin de la historia no se acabó en 1989 con la caida del muro de Berlín, aquello que algunos nominaron como el “fracaso de las utopías”. Los antagonismos a los regímenes neoliberales se agudizan, y es que por nada los neo-fascismos aparecen resurgiendo como zombis entre las tinieblas de la crisis de las representaciones políticas. El actual estado de las cosas nos obliga a tomar posición. No podemos aceptar otra vez las violencias de Estado. No podemos aceptar la arrogancia colectiva de la derecha que naturalizó en nuestros sentidos comunes que la educación no es un derecho, y que para educarse bien hay que tener dinero. Mientras su conglomerado no quiere rebajarse la dieta parlamentaria proyectada por el Frente Amplio, mientras se niegan en aceptar una jornada laboral más digna de 40 horas proyectada por la ex líder estudiantil Camila Vallejos, mientras desean con pasión volver al sistema binominal para no perder los privilegios políticos enraizados en casi 30 años de democracia consensuada con la centro-izquierda amparados en una Constitución escrita en Dictadura, mientras los hijos del presidente gastan dineros del estado público para realizar sus negocios en la imperial comunista China, las y los profesores públicos están paralizando Chile, enfretando, una vez más  al Estado Neoliberal, no tan sólo para recordarles la Deuda Histórica que tiene con más de 60.000 profesores con pensiones miserables desde hace 38 años, sino para señalarles la Histórica Deuda que tienen con la Educación Pública.

Mis colegas profesores y profesoras tienen desde 25 a más de 60 años. He visto a colegas con casi setenta años esperando que les paguen sus pensiones, les he visto llorando en los pasillos porque los Municipios no les responden a sus demandas, he visto colegas estresados de no saber cómo ayudar a jóvenes que por múltiples razones sociales se deprimen, no llegan a clases, abandonan, desertan, vuelven. He visto discusiones entre directivos, profesores y apoderados en los liceos porque nadie sabe cómo resolver la precariedad de la educación de les niñes y jóvenes. He presenciado el inmenso trabajo de las y los profesores de Chile, que, digámoslo, lo hacen por vocación. Ser profesor en este país, a diferencia de convertirse en diputado, ministro o gerente, no es sinónimo de proyectarse para millonario y comprarse un terrenito en Lago Ranco; es servicio social público genuino, es vocación política, ética humanista, científica y socialista.

Para ser profesor en este país hay que tener coraje. Ya antes de decidir entrar a estudiar pedagogías se sabe que se autoproyecta a un futuro donde tendrá que pasarse más de 30 años reuniendo horas en las aulas, la mayoría con las ventanas rotas, heladas, llenando los innumerables formularios que el MINEDUC envía, tener que lidiar con horas extras impagas, la arrogancia de las autoridades y apoderados, hacerse el valor de encontrar las estrategias psicológicas para enfrentar los desafíos sociales al que se les destina: tener la responsabilidad de educar en el séptimo país más desigual del mundo.

2006, 2011 y 2016, han ido marcando precedentes nunca antes vistos desde la post-dictadura. El movimiento estudiantil se ha tomó el país con ímpetu denunciando las responsabilidades del Estado en el abandono de los derechos básicos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y entre ellos uno de los más importantes: la EDUCACIÓN. Pasamos de las demandas del “arancel diferenciado”, al “fin al lucro”, pasamos del “fin al lucro” a la “educación gratuita y de calidad” y de esta a una “educación no sexista”. En 2018, la avanzada de los movimientos feministas desafiaron la educación heterocentrada. Los colegios y universidades volvieron a paralizarse y tomarse, construyendo una revolución cultural que sacó el pasado 08 de marzo a más de quinientas mil personas a la calle, en la que debe ser recordada como la manifestación más multitudinaria en democracia, y que ha llevado históricamente a que la principal federación de estudiantes de Chile, elija tener a una presidenta transexual como su principal vocera.

Hoy son las y los profesores, los protagonistas del debate haciéndole frente al Estado. Reitero la noción de Estado y no Gobierno, porque aquí hay una responsabilidad estatal, de todos sus organismos y componentes (ejecutivo-legislativo y judicial). Mario Aguilar, actual Presidente del Colegio de Profesores lo devela en sus declaraciones.

La demanda es urgente: DEFENDAMOS LA EDUCACIÓN PÚBLICA. Lo que solicita el movimiento nacional de profesores es una transformación política de la relación del estado con la educación pública. Son 10 puntos de un coyuntural petitorio que hoy empujan. 10 demandas que si se leen bien no resolverán la educación pública del país, pero al menos, se mejorarán las condiciones y establecerá una señal política que se merece. La deuda histórica, la titularidad de las horas de extensión, la igualdad de tratos y condiciones laborales entre profesores técnicos y no, el diálogo en torno a la elaboración del nuevo currículum escolar, son sólo algunas de las demandas. Pero qué esperar de un gobierno que no sólo niega rotundamente con estratégico silencio deseando desvanecer las fuerzas de los movimientos, sino que además se da el lujo de aplicar la anulación integral de Historia, Artes y Educación Física en 3º y 4º medio. El Pdte del Colegio de Profesores ha sido severo denunciando al respecto que el gobierno defiende su proyecto apelando que no esas asignaturas no se extinguirán del currículum escolar, pero lo que no se dice es que habrán estudiantes que no tendrán esas asignaturas.

El nuevo plan de estudios profundiza la desigualdad más que reforzar una idea de equidad, acotando el diseño curricular obligatorio estableciendo en el tiempo el predominio de áreas más funcionales y restringiendo la formación integral a criterios de opcionalidad. Sumemos la saturación de contenidos a 1º y 2º medio de las asignaturas consideradas como opcionales, lo que si ya en la actualidad es insostenible, con la propuesta del gobierno se vuelve imposible. El Colegio de Profesores, ha señalado al respecto la relevante pregunta si debiera ser “elegible” por parte de la escuela y les estudiantes la formación integral o si esta debiera ser garantizada por la política pública. La respuesta es clara. La ley general de educación señala en su artículo 2º que “la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico”.

Un plan de formación general debe garantizar el artículo 2º. El Colegio de Profesores, emplaza al gobierno a respetar sus propios principios generales sobre la educación.  La educación integral de les estudiantes no se pueden transar. El Colegio de Profesores lo que exige es que se cumpla la ley. No es tiempo de abandonar a las y los profesores, no es tiempo de no querer escucharlos, es tiempo de acompañarles, de entregarles el valor político que se merecen. El presente y futuro del país no está en manos de los gobernadores de turno, está en la transformación de la educación pública. Y allí, las y los profesores, quienes son finalmente los que permanecen en el tiempo toda una vida (les estudiantes pasan por la escuela y el liceo y se van), tienen un rol fundamental. Defendamos la EDUCACIÓN PÚBLICA.