Por Eduardo Cardoza
Secretario Ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante (MAM)

Desde hace años y desde diferentes espacios de trabajo (desde las organizaciones migrantes y promigrantes, universidades, ONG, sindicatos, juntas de vecinos, iglesias, cultura, partidos políticos y hasta personas individualmente) hemos aportado con propuestas en los temas migratorios, tales como una nueva ley migratoria con enfoque de derechos, la necesaria regularización, la necesidad de simplificar el sistema de visas, abordar los enfoques interculturales, antirracismo y xenofobia, políticas de inclusión con justicia y de integración con dignidad, medidas a nivel educacional, entre tantos otros aportes en el tema migratorio importantes para el futuro del país.

Esto constituye un verdadero avance hacia la inclusión social, a una sociedad sin racismo ni xenofobia generada desde la sociedad civil. Hemos visto que estos esfuerzos valorables surgidos de la práctica y del análisis de la situación actual para superar vacíos de políticas públicas, han sido no sólo desconocidos sino atacados -en estos últimos tiempos- bastante gratuitamente por las autoridades, las que han mostrado su lado autoritario al disolver una instancia de sociedad civil en el departamento de Extranjería donde participaban 18 instituciones civiles elegidas entre todas las instituciones inscritas. Estamos hablando del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones integrado por 10 organizaciones migrantes, 4 Universidades y 4 Organizaciones no gubernamentales que trabajaban directamente con la migración que tuvo como su último presidente a Eduardo Thayer, catedrático de amplia experiencia en el tema migratorio.

De las necesidades definidas por instituciones y organizaciones migrantes, las actuales autoridades sólo se quedaron con los titulares, resignificando sus contenidos en un embate ideológico neoliberal, tan dogmático como conservador. Pareciera que se nos quiere aconsejar que las preocupaciones por el futuro de Chile debemos postergarlas ante la aplicación inconsulta de medidas que están ciegas a sus consecuencias posteriores.

Hay una necesidad de mostrar logros inmediatos, aunque pudieran ser desechables mañana. Y si no hay logros, entonces se fabrican como los “triunfos en la regularización”, que no son otra cosa que los avances por ellos esperados en la inscripción de personas. No obstante, regularizar significa mucho más que eso, y su éxito podrá evaluarse recién en un año más en el mejor de los casos. No hoy.

Se ha llegado a acusar a nuestra gente de que no reconocemos el derecho del Estado a fijar sus normas migratorias, o que desconocemos las fronteras. Es tan falso que sólo el hecho de que promovamos una ley que norme las migraciones como lo estamos haciendo es claramente reconocer la potestad del Estado, pero ojo, no ilimitadamente. Queremos un detalle muy importante, y es que se respete el conjunto de los instrumentos internacionales de derechos humanos que Chile firmó y ratificó, y que establecen un estándar mínimo. Sin duda un logro de la humanidad que debemos respetar.

Por eso, cuando se señala que no se reconoce el derecho a migrar y se lo opone a la soberanía de los Estados, una tensión real se transforma en una situación de imposible solución. Hombres y mujeres migraron libremente 142.000 años antes de la existencia de los Estados, es parte del ser humano migrar. No es aceptable -aunque siempre se haya hecho- que la derecha política utilice el Estado para sus propios intereses de homogenización en pleno siglo XXI.

Esa intencionalidad de homogenizar con la base de imaginarios irreales, la sufrimos migrantes, pueblos originarios, personas pobres y las diversidades, entre otros sectores de la población a quienes se quiere invisibilizar y someter.

Se reconoce la voluntad del actual gobierno de abordar el tema migratorio, largamente postergado, pero se hace desconociendo mucho de lo avanzado anteriormente e incluso la propia evidencia de resultados de políticas aplicadas erróneamente en el país en diferentes momentos.
Se reconoce que la regularización migratoria es necesaria pero las formas de implementación no son tan ordenadas, seguras y regulares, menos con las carencias de información que hemos podido constatar en regiones y zonas agrícolas. Y con el impedimento de no poder trabajar a quienes demostraron acudir al llamado del gobierno para regularizar su situación.

Esa desprolijidad no es tan diferente al proyecto presentado en las postrimerías del gobierno anterior y que la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados criticó tan claramente.

Las razones argumentadas para presentar tan rápidamente y con tantas fallas de implementación el proyecto de ley al parlamento están imbuidas de un ideologismo tremendo, de cifras estimadas presentadas como datos duros, y de mucho show. Como no hay argumentos de peso que apoyen esas teorías, no queda mucho por hacer y las políticas se vuelven arbitrariedades.

La migración segura, ordenada y regular no se ve por ningún lado, pero si se ve discriminación arbitraria, falta de información, racismo y xenofobia. La migración segura, ordenada y regular es imposible sin el necesario enfoque de derechos humanos.

No es inocente que se ponga a la migración al principio del mandato y se busque imponerla bajo el criterio de “decretocracia” apoyándose en la Constitución y en una ley migratoria de la época de la dictadura. Es la creación del “enemigo exterior” que surge como chivo expiatorio para remediar la falta de integración del país, la que se expresa en el sinnúmero de demandas pendientes de diferentes sectores populares a los cuales no se da respuesta adecuada. Todas estas demandas han sido fuertemente combatidas por quienes hoy nos gobiernan (No+AFP, gratuidad en la educación, nueva constitución, políticas migratorias entre muchas otras).

Nadie olvida los discursos de varios dirigentes de la derecha en periodo electoral vinculando la migración a la delincuencia, cuando la evidencia en Chile y en el mundo dice que eso no es así. Pero el aprovechamiento populista del desconocimiento de los fenómenos migratorios por la población, sirvió para sembrar más miedo en la ya existente incertidumbre ante el futuro laboral que todas y todos padecemos.

Un aspecto final: la mayoría de la migración en Chile proviene en su mayoría de la misma región lo que, por muchos aspectos, puede representar una posibilidad de desarrollo; por lo tanto, malas políticas al respecto significan perder una vez más la oportunidad de generar mayor integración regional, en un mundo donde ni el país más potente puede asegurar su futuro. RPS