Por Camilo Santibáñez Rebolledo, encargado Nacional del Frente Sindical de Izquierda Libertaria

La primera ofensiva legislativa del actual gobierno fue el denominado “estatuto laboral para jóvenes que estudian en la educación superior”. En el momento en que se escribe esta columna el proyecto ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y ha arribado al Senado, pero resulta útil dar cuenta de su propósito y tramitación, a efecto de plantear un elemento tan apremiante como relegado en la discusión actual sobre el carácter político del sindicalismo.

Concebido para surtir fuerza de trabajo barata a las grandes empresas mediante el arrebato de derechos laborales consagrados, el proyecto que originalmente ingresó el gobierno despojaba a las y los trabajadores jóvenes de indemnizaciones, del principio de continuidad en la relación laboral, de fuero, de seguro de cesantía y contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, del descanso dominical, de la jornada continua y del bono al subsidio del empleo joven; coronado todo lo anterior, por hacer optativa la cotización de salud.

Considerando que la idea de legislar sería aprobada en la Comisión de Trabajo, con o sin los votos del Frente Amplio, nuestra compañera Gael Yeomans se enfocó en impedir la transgresión de derechos laborales básicos mediante la introducción de indicaciones que contrarrestaran el espíritu profundamente precarizante del proyecto. Debido a que algunas de estas indicaciones eran de iniciativa exclusiva del ejecutivo (como la garantía del seguro de cesantía y el seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), el modo de conseguirlas fue condicionando la aprobación de la idea de legislar; sin que esto implicara respaldarlo en la Cámara (tal como se demostró en la votación en sala). Cuestión que convenció a la mayoría de la oposición y la dispuso a presentar de manera conjunta una serie de indicaciones en dicha dirección. Sin embargo, la irresponsabilidad de algunos diputados impidió parte importante de su aprobación. Por ejemplo, la inasistencia de Fernando Meza (PRSD) significó el rechazo de la indicación correspondiente a indemnizaciones y también al fuero. Respecto de la jornada contínua, la DC votó en contra, y la protección del descanso dominical sólo fue votada a favor por las diputadas del FA, resultando aprobadas únicamente las indicaciones relativas a los permisos para rendir exámenes, al paso a jornada completa en vacaciones y al respeto del sueldo mínimo cuando se tratara de jornada completa.

Tras esta votación el proyecto fue enviado a Hacienda, donde el gobierno puso suma urgencia a la tramitación, apresurando la votación en sala e impidiendo que el proyecto volviera a la Comisión con nuevas indicaciones, restringiendo la votación en particular únicamente de aquellas rechazadas en la Comisión. Situación de la que resultó un proyecto despachado a sala con los siguientes puntos críticos: Un derecho a indemnización y un fuero a medias, basados en la causa legal especial del cumplimiento de 29 años o la pérdida de condición de estudiante, la permanencia de la jornada discontinua, la renuncia al descanso dominical y la cotización opcional en salud.

En estas condiciones, la derecha, la DC y el PRSD aprobaron el proyecto en general con 83 votos, versus 51 del FA, el PC, el PS, el PPD y regionalistas. En la discusión particular –donde, como dije, únicamente podían ingresarse indicaciones que habían sido rechazadas en la Comisión y no indicaciones nuevas-, nuestra compañera diputada repuso y logró la aprobación de la indicación correspondiente a la indemnización por despido y solicitó la votación por separado del artículo referido al fuero presentado por el gobierno, consiguiendo su rechazo y supresión, y por tanto su garantía en todas sus dimensiones.

No obstante, el proyecto salió desde la Cámara con la posibilidad de pactar la jornada discontinua, el descanso dominical y la cotización en salud, con la renuncia al pago de licencias médicas que esto implica.

El mismo día, aunque con inexactitudes importantes sobre el contenido aprobado, las redes sociales fueron inundadas de una frustración genuina, sobre la que me parece importante hacer una constatación crítica y plantear una pregunta.

Con la excepción de algunas declaraciones y puntos de prensa, la movilización sindical contra la ofensiva legislativa fue prácticamente nula. Esta constatación constituye el aspecto más omitido en las expresiones de frustración mencionadas.

Un segundo aspecto relevante y ensombrecido es la capacidad de nuestra compañera diputada para revertir aspectos graves del proyecto original desde la absoluta condición de minoría.

En contraste, un aspecto menos silenciado, aunque atribuido a la inexperiencia de las diputadas frenteamplistas en la Comisión, fue una suerte de pasada de cuenta, basada en su aprobación a la idea de legislar. Es decir, cuestionando el pragmatismo en el que habría incurrido al avalar un proyecto que igualmente resultaría aprobado, en vez de haberlo votado en contra, testimonialmente y renunciando con ello a la presentación de las indicaciones arriba detalladas.

Considerado en conjunto, esto resulta sumamente preocupante para el movimiento sindical, porque lo devela tratando de ocultar las severas carencias propias, al mismo tiempo que desestimando los esfuerzos parlamentarios para contener los embates que por sí mismo no es capaz de evitar.

A este respecto cabe y urge preguntar si en adelante el movimiento sindical será capaz de definir y ejercer su lugar político en la oposición a las arremetidas de la derecha, o va a condenarse a sí mismo a la frustración y a la crítica testimonial, condenando consigo al conjunto de las y los trabajadores. Pues las condiciones políticas actuales propician ambas cosas, aunque por costumbre lo segundo resulte más sencillo que lo primero. RPS