Por Cristóbal Abarca Brown
Integrante Fundación CREA y militante de Nueva Democracia

El progresivo aumento de migrantes y refugiados ha instado a diversos sectores de la academia y opinión pública a catalogar el siglo XXI como la era de las migraciones (Castles y Miller, 2013). Las corrientes transnacionales entre Centro América-México-EE. UU. o entre Turquía-Alemania con migraciones en tránsito producto de la crisis de refugiados en el Mediterráneo, permiten avalar una nueva etapa a nivel global con enormes desafíos para las definiciones políticas del Estado-nación, su economía y convivencia cultural.

El actual proceso migratorio pone en cuestión una gran contradicción liberal, a saber, nunca en la historia de la humanidad existió tanta libertad para la circulación de capital, bienes y servicios -auspiciada por los avances en las tecnologías de la información, la comunicación y el transporte- lo que se contrapone con una limitada libertad de movilidad de los sujetos migrantes a través de las fronteras, debido a las restricciones políticas que imponen los países bajo la idea de soberanía de Estado y las doctrinas de la seguridad nacional.

Al limitar el paso del “capital humano”, la lógica acumulativa y expansiva del capital entra en disputa con la lógica estatal-nacional circunscrita a un territorio determinado. Sin embargo, pese a las restricciones político-administrativas, la fuerza del capital empuja a los sujetos a salir de sus lugares de origen en búsqueda de nuevas y mejores condiciones de vida, viéndose obligados a buscar caminos alternativos para cumplir sus objetivos, a pesar de los riesgos que eso conlleva.

A inicios del nuevo siglo, los atentados del 11/09 al WTC fortalecieron las fronteras materiales y simbólicas por medio de la guerra contra el terrorismo, mientras que las condiciones de la globalización económica continuaban en ascenso. Hoy el escenario tiene nuevos actores, pero la llegada de Donald Trump al poder representa una continuidad a la idea del “choque de civilizaciones”, con un discurso discriminatorio y racista especialmente dirigido hacia musulmanes y latinos, tratándolos de “animales” o que “no son siquiera personas”(1).

El panorama actual en Chile, a pesar de las diferencias significativas en términos de la cuantía de migrantes, no es muy distinto. El retorno de la derecha al gobierno ha implicado una arremetida importante de gestión por vía administrativa que ha dejado a todos sin posibilidad de reacción y que sólo encuentra freno en la propia Contraloría (2). El debate por una Nueva Ley de Migraciones se encuentra dentro de esta agenda reaccionaria conducida desde el Ejecutivo.

En particular, la propuesta de la derecha trae aparejada similares contradicciones. Junto con enviar su articulado al Legislativo, se anunció -vía administrativa- un instructivo presidencial con el objetivo de “ordenar la casa”, lo que fue muy criticado por organizaciones migrantes y pro migrantes quienes denunciaron que la medida atentaba contra la libre circulación de las personas; no permitía una discusión democrática en los tiempos adecuados; y no se ajustaba a los estándares internacionales. Por otro lado, la preocupación por el decreto presidencial se basa en que es una política abiertamente discriminatoria, al promocionar una migración selectiva que optaba por la llegada de unos por sobre otros, con serios problemas administrativos y de gestión en su ejecución.

A la fecha, las alarmas apuntaban en la dirección correcta. En abril, la migración haitiana disminuyó un 62% respecto del año pasado, y la proporción de migrantes venezolanos aumentó un 84% (3). Estos resultados aberrantes que tienen diferentes perspectivas de análisis, desde el carácter geopolítico de la “visa de responsabilidad democrática” en contra de Venezuela, hasta los efectos a nivel del lazo social ante la ratificación del migrante haitiano como un sujeto no deseado.

Lo que interesa resaltar es el reverso de la contradicción denunciada. Mientras se selecciona capital humano en frontera con la promesa de mejores condiciones de vida, en paralelo la agenda neoliberal sigue en pie; el Legislativo continúa aprobando TLC, y el Estado subsidiario no pretende cambiar su carácter en el corto plazo. De esta manera, se configura un sistema perverso que deja a los recién llegados en una condición de desprotección sin garantías en que la única salida es la gestión de sí por medio del emprendimiento individual.

El mandato neoliberal traslada la responsabilidad pública por la población desde el Estado hacia el propio individuo. Por eso el modelo político social es contradictorio y perverso, porque obliga a los sujetos a abandonar sus lugares de origen en búsqueda de nuevas condiciones de vida, pero una vez ingresados al territorio de destino, son despojados de la promesa inicial. Las garantías estatales son inexistentes y las oportunidades del mercado tardan en llegar, por lo que los migrantes pasan a ser los únicos responsables de garantizar su propio curso de vida.

A pesar de que los flujos a nivel latinoamericano son mucho menores a las crisis globales, no son pocas las personas en la región que atraviesan por pasos no habilitados debido a las prohibiciones en las fronteras, ingresando en condición de “ilegales”. Si a eso se le suma el mandato a la responsabilidad individual y la orden de emprender (por lo general de manera informal), el sueño (latino)americano sólo queda reducido a la selectiva lista de migrantes calificados, mejor si son hombres, mucho mejor si son blancos. RPS

Fuentes
(1)http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/05/17/906502/Trump-protagoniza-nueva-polemica-tras-llamar-animales-a-inmigrantes-ilegales.html
(2)http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/04/17/pinera-retira-405-decretos-de-la-administracion-de-bachelet-en-solo-15-dias-de-mandato/
(3)http://www.latercera.com/nacional/noticia/dispar-efecto-las-nuevas-visas-ingreso-haitianos-venezolanos/163687/