EL FALLO

Quienes habitamos en alguna de las zonas de sacrificio, vivimos con desesperanza producto de los oídos sordos que hace décadas se hace transversalmente a nuestras demandas. Distintos niveles de la administración pública tienen responsabilidad y debieran hacerse cargo del conflicto, realidad que hasta la actualidad no ha ocurrido.

En Quintero y Puchuncaví, las comunidades han tomado conciencia de las múltiples dimensiones del conflicto, lo político, el gran capital, el Estado como garante de un genocidio socioambiental disfrazado de necesidad de energía para el país y de empleo para quienes habitamos en la zona. Todo esto y más ocurre con seguridad en todas las zonas de sacrificio del país, un escenario crudo, donde queda de manifiesto la existencia de ciudadanos con menos derechos, de segunda categoría.

El 2018 vivimos una de las más grandes crisis socioambientales del país, alrededor de 2000 personas (en su mayoría niños y niñas) fueron intoxicadas por efectos de gases contaminantes, los que hasta la actualidad desconocemos en el detalle del cóctel mortal al que se sometió a una población de más de 50.000 habitantes. Esto nos impide conocer el nombre de las empresas responsables de las emisiones, aunque sabemos que la sinergia que se produce al interactuar los gases entre sí no tiene un nombre particular de alguna de estas fuentes de contaminación.

El 28 de Mayo, la Corte Suprema dictaminó en un  fallo histórico que en Quintero y Puchuncaví el Estado de Chile ha abandonado a la población que allí reside. Este con su negligente actuar, a través de sus instituciones, ha sido un actor protagonista en la vulneración de los derechos fundamentales de miles de personas, privándoles la posibilidad de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, privándoles así de condiciones mínimas de dignidad en el crecimiento de niñas y niños, del envejecer de la tercera edad, antes trabajadoras y trabajadores de Chile.

En la comunidad celebramos este fallo, el que es una respuesta a  un territorio que al fin se escuchó y se dio la razón a todas las verdades y experiencias que denunciaba.  

Con esta interpelación del Judicial que se hace cargo del problema y lo pone sobre la mesa, emplaza ejecutivo a cumplir con todas las omisiones que ha incurrido, y de las que dos comunas, un territorio de mas de 50 mil habitantes se ha visto afectada en su salud, en su calidad de vida, en su dignidad. Es así que enumerando a todos y cada uno de los organismos responsables de la creación de esta zona de Sacrificio, manda a hacer el trabajo que por años nunca se hizo, o se hizo mal o lo tuvo que hacer la comunidad para que se cumpliera.

La clase política de este país aún tiene cuentas que rendir a nuestra zona, ellos con sus cargos de poder son tan o más culposos de la situación de la que estamos viviendo que las mal vecinas empresas.

El Estado de Chile aún le falla a sus habitantes, los que históricamente han tomado decisiones deberán responder por todo y cada uno de sus actos, no permitiremos que los mandatos judiciales queden en el aire.