Felipe Cáceres Merello es Director de Fundación Emerge

Con un gobierno literalmente en el suelo, y con una correlación de fuerzas como pocas veces desfavorable para los grupos en el poder, el denominado “Acuerdo por la paz y por una nueva constitución” pareciera resultar a todas luces insuficiente y mezquino para los sectores subalternos que buscan un cambio sustantivo en sus condiciones de vida.

Es evidente que el acuerdo representa una señal de que se ha corrido el “cerco de lo posible”. Hace poco más de un mes, nadie vislumbraba un acuerdo transversal para llamar a un plebiscito que definiera la voluntad de construir una nueva constitución y los mecanismos para su redacción. Sin embargo, las condiciones acumuladas en esas cuatro semanas de movilizaciones, permitían vislumbrar una oportunidad de cerrar definitivamente un ciclo histórico en el país.

Ese cierre de ciclo no ocurrió producto de dos aspectos principales: primero, por la cancha en la que se quiso definir esa correlación de fuerzas, y segundo, por la baja capacidad de articulación política que poseen por el momento las fuerzas de izquierda.

Era evidente que un acuerdo definido única y exclusivamente dentro del Congreso Nacional determinaba de manera específica las fuerzas de uno y otro bando a la hora de sentarse a la mesa. Un parlamento binominal, más un pequeño grupo de diputados del Frente Amplio, agrandó enormemente el poder de negociación de la derecha y dejó en una muy buena posición a los partidos de la ex Concertación que con esto, al menos nominalmente, estiraron su vida política.

Una capacidad de movilización como la mostrada en las calles, con la preminencia de una multitud que claramente rechaza las lógicas de representación política y de soberanía tradicionales (aquellas que han primado desde fines de los 80), demandaba la construcción de un bloque disidente, político y social, intra y extra institucional, que pudiera otorgarle un poder de negociación mayor a las fuerzas de cambio. La cancha era más amplia y tenía al menos dos flancos: dentro y fuera del parlamento.

Para tal desafío, no obstante, las organizaciones sociales, sindicales y partidos de izquierda se encontraban (y encuentran) aún vacilantes, sin una propuesta de poder (articulación, elaboración programática y liderazgo) para transformarse en motores legítimos de las demandas sociales. Y era esperable. Para ello, debían vencer tres décadas marcadas por la despolitización y desarme del tejido social, así como también por las lógicas clientelares y de cooptación de algunos, que han consolidado un descrédito general hacia cualquier instancia de representación e intermediación política.

Los nuevos partidos políticos anti-modelo (como los agrupados en el Frente Amplio) por su parte, mantienen todavía una debilidad orgánica que les resta efectividad para actuar en forma estratégica, lo que favorece dinámicas asociadas a una individualización de la práctica política, es decir, la predominancia de las agendas de sus autoridades electas que detentan un mandato electoral personal (senadores, diputados y alcaldes), que van socavando la institucionalidad y capacidad partidaria para actuar en base a principios y programas.

A pesar de todo lo anterior, las perspectivas son auspiciosas. Las posibilidades de cerrar el ciclo histórico del Estado neoliberal en Chile están intactas. Este estallido social ha logrado, entre otras cosas, hacer transitar el sentido común hacia lógicas vinculadas con una voluntad de cambio. Las personas se reúnen, dialogan y se organizan. Vuelven a reconocer lo común de su experiencia cotidiana en contraste con quienes controlan y administran el país.

En efecto, en el despliegue de poder constituyente y de autodeterminación del pueblo movilizado, que se concretiza en asambleas territoriales y cabildos, se va prefigurando el carácter del nuevo Estado y de la nueva relación Estado-sociedad. En este proceso, se comienza a estructurar de manera larvaria una nueva disposición social que recupera y actualiza las redes, tejidos, desplazamientos y alianzas de los territorios, y que con ello comienza a dejar atrás la brecha entre gobernantes y gobernados, entre política y sociedad.

Es probable que se esté ad portas de un momento refundacional, lo que demanda la necesaria alianza entre movimientos sociales, sindicatos, organizaciones sociales y partidos, en la que se ordenen los contenidos a movilizar y se aliste una estrategia política que ponga en práctica la unidad, la colaboración y la generosidad como principios de acción. El desafío para la izquierda será entonces estar en sintonía con los tiempos y a la altura de la confianza que le entregue el pueblo organizado y su tejido social, que será la fuente y medida de la legitimidad de su práctica y su política.