Eduardo Cardoza es vocero del Movimiento Acción Migrante

El COVID-19 no discrimina por nada, para la pandemia las fronteras no tienen el valor que se les ha atribuido siempre. Un virus minúsculo las tiene en jaque, no las reconoce, ni reconoce la soberanía de los países, pero afecta a las personas, daña las economías, desafía los estados. 

Ante el COVID-19 que afecta la salud  del conjunto de la sociedad, todas y todos debemos contribuir con acciones eficaces que ayuden al combate de este virus y a proteger a todas y todos quienes habitan en Chile. 

No hay duda que el gobierno ha optado frente al ataque de COVID-19 por el mantenimiento de la economía frente al dilema de proteger la vida o a las empresas.

Ante este desafío vital, el gobierno priorizó la economía, a diferencia de la gente de pueblo que sabe lo que tiene que hacer: cuando hay una enfermedad catastrófica en la familia, se sacrifica todo por la vida. Parece que esa no es la voluntad de quienes nos gobiernan, los que seguramente saben gestionar empresas, pero eso en este caso no sirve. Porque la salud publica es un bien común, resultante de políticas inclusivas y justas. No alcanza con que algunos tengan buena salud y otros no, existe una interdependencia que hoy, ante el COVID-19, queda demostrado más que nunca, ante el hecho de no existir cura y donde cualquiera puede transformarse en transmisor del virus.

Tanto el Colegio Médico como los Alcaldes fueron claros y gritaron a los cuatro vientos lo que debían hacer para frenar la expansión del contagio, pero la Moneda no quiso entender. Creyó otra cosa.

La amenaza establecida es a todas y todos. En salud se juegan vidas y toda consideración de otro tipo se vuelve poco importante. La vida primero, aunque duela.

Si la salud pública es un bien social, porque vivimos en sociedad, es responsabilidad del estado asumirla como derecho humano y actuar con la ciudadanía para garantizarla.

Una crisis sanitaria de esta importancia, exige atender a todos los sectores más vulnerables que son los posibles de contagiarse y contagiar. Así encontramos a los inmigrantes, a personas viviendo en campamentos, a quienes viven en la calle, quienes viven en cités, a sectores de la economía informal, a quienes están hacinados en cárceles sin ser procesados por la participación en movilizaciones sociales. A todas y todos los eternamente invisibilizados en la “exitosa experiencia neoliberal” como se denominaba a Chile.

Hay personas, entre ellas inmigrantes  que arriesgan su salud, manteniendo los servicios básicos, recogiendo la basura, limpiando calles y tantos otros tantos trabajos. Es significativo tener en cuenta que muchas personas son víctimas de esta priorización por la economía,  y que se ven obligados de ir a trabajar sin poder hacer la cuarentena necesaria o sin los implementos necesarios para su protección, que permitan aislar a la pandemia en este territorio. Esos son sectores olvidados, invisibles.

Capítulo aparte son los trabajadores de salud, desde médicos hasta el último funcionario, que arriesgando su propia salud atienden a pacientes con COVID-19 siendo la primera línea, sembrando salud en medio de una lucha desigual.

De esta salimos todas y todos o retrocedemos como sociedad

Somos muchos y muchas, incluidos los migrantes, a quienes se nos niega el derecho a un nivel de vida adecuado, incluida la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento; y se nos obliga, sin más remedio, a vivir en condiciones de hacinamiento, antihigiénicas, con acceso limitado o nulo a los servicios de salud. Este conjunto de situaciones aumenta la vulnerabilidad de las comunidades y los migrantes a las enfermedades. Ese es el estado de situación  previa a la llegada de COVID-19.

Es crucial que el gobierno tome las medidas necesarias para proteger la salud de todos aquellos que viven en condiciones inseguras y de los más vulnerables, independientemente de su estado. Las medidas deben incluir prevención, éxamenes y tratamiento adecuados, acceso continuo y aumentado a refugios de emergencia para personas sin hogar, sin barreras relacionadas con el estado migratorio; ello debería incluir las suspensiones de todos los desalojos por todo este período.

Además, es importante que los migrantes se incluyan en las medidas que se están introduciendo para paliar la crisis económica en los hogares causada por el COVID-19. Los migrantes y sus familias a menudo forman parte de grupos marginados ya vulnerados que actualmente están experimentando dificultades económicas como resultado de la falta de medidas de contención y las pérdidas de puestos de trabajo. 

Un enfoque integral de esta crisis afecta a la salud pública, la vivienda y las políticas económicas nacionales y locales. 

Los migrantes y las personas en movimiento enfrentamos las mismas amenazas de salud del COVID-19 que las poblaciones de acogida, pero tenemos vulnerabilidades particulares debido a las circunstancias de nuestra condición migratoria y las condiciones de vida y trabajo en las que  nos encontramos. Con demasiada frecuencia, la inmigración enfrenta obstáculos innecesarios a la atención médica. Inaccesibilidad a servicios; barreras lingüísticas y culturales; costos diversos según su situación ; falta de políticas de salud inclusivas para los migrantes; las barreras legales, regulatorias y prácticas para la atención de la salud juegan un papel en esto, al igual que, en muchos casos, los prejuicios. Quien teme la expulsión, la separación familiar o la detención, no está dispuesto a  ver un médico e informar sobre su salud.

El obstáculo mayor al combate al COVID-19 está en las causas que motivaron la revuelta del 18 de octubre de 2019 y que se mantienen hasta hoy. Se trata de la concepción neoliberal y su opción por el capital en desmedro de la vida y la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, como la salud.