Osvaldo Torres es Antropólogo Social y Doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Ex Director de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Luego de su salida del INDH, junto a académicos/as y activistas de DDHH, desarrolla el informe “El Estallido de las Violaciones a los Derechos Humanos”, que analiza las hechos ocurridos durante el período entre el 18 de octubre 2019 y marzo del 2020, y del que es su editor y coordinador general.

¿Cómo se hizo posible la construcción de este informe y por qué lo consideras necesario, teniendo en cuenta otras iniciativas de este tipo provenientes de distintas instituciones vinculadas a derechos humanos?

Este Informe es producto de una iniciativa tomada ante las evidentes falencias y una cierta orientación que predominó en el Informe de Derechos Humanos 2019 del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En la elaboración de ese Informe hubo una fuerte polémica en el Concejo de la institución, por cómo caracterizar la situación ocurrida entre octubre y noviembre del 2019. Era evidente la presión del gobierno para evitar a toda costa que, más allá de los datos evidentes, no se emitiera un Informe que estableciera empíricamente y doctrinariamente el que en Chile se estaban violando los derechos humanos de forma masiva y sistemática, con patrones de conducta represiva, y no sólo por excesos o conductas que obedecían a personas a las que “se les pasaba la mano”.

El abastecimiento logístico de la munición de perdigones, de químicos lacrimógenos y del uso en las aguas del guanaco, estadísticamente controlados por Carabineros, mostraban que no se repararía ni en gastos ni en normas para contener la protesta social. Y ello requería un personal que tuviera los medios y, si no la instrucción, al menos la anuencia para utilizarlos de forma tal que el objetivo último no fuese proteger el derecho a la protesta y a la vez lo bienes públicos, sino que reprimir sin miramientos.

Pero, volviendo a la pregunta. El debate en el Concejo produjo una profunda división en el INDH, y el informe, aun denunciando cosas importantes, no abordó con claridad el tema de los patrones represivos y la sistematicidad, a pesar que los datos estaban y de una posición de minoría que lo defendió sin éxito. Se agrega a esto, la persistente idea de equilibrar e incluso homologar las violencias estatales con las de los manifestantes.

Así las cosas, luego del Informe vinieron las represalias políticas para amedrentar a quienes habíamos tenido un rol crítico al Informe, en particular sobre mí que era el Jefe de la Unidad de Estudios. Fui despedido junto a otros profesionales que habíamos estado en las calles como observadores -uno de ellos herido-, y era previsible entonces que el INDH no volvería sobre el tema con posterioridad.

De lo anterior entendí que se debía abordar durante el 2020 un Informe lo más objetivo posible, utilizando los datos oficiales del INDH y otras fuentes públicas, para que se evaluara la situación de los derechos humanos en los puntos clave que implicaban sistematicidad y patrones de violaciones a los derechos humanos, así como también se valorizara la respuesta de la sociedad civil en la protección de los derechos humanos, la que había sido criticada y cuestionada incluso por sectores de derecha representados en el Consejo del INDH.

Con esa idea convoqué a un grupo de profesionales con experiencia en el propio INDH, los que en sus horas libres contribuyeron en los contenidos del informe.

¿En qué medida las instancias no institucionales que se conformaron luego de la rebelión del 18 de octubre, en solidaridad y apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, recogen la herencia dejada por las organizaciones por la justicia, verdad y reparación de las víctimas de la dictadura cívico-militar?

Como está señalado en el Informe que realizamos, hay un nexo bien notable. Lo primero, es impresionante el rol que juega la memoria y la memoria histórica, como cuestión colectiva, que persiste, sea subordinada o excluida de los relatos oficiales, hasta que encuentra su cauce en el  momento en que se agrietan esas “historias oficiales”. En este sentido, esa acción inclaudicable de las organizaciones de derechos humanos de la época de la dictadura y de las que se constituyeron para rescatar la memoria de lo ocurrido a través de los Sitios de Memoria, fueron uno de los pilares para mantener el legado de experiencias, metodologías y formas organizativas.

En el informe destacamos algunos casos, pero hay muchos. Está el sitio de memoria de José Domingo Cañas y su trabajo de observación de calle y el de Londres 38 que aportó al trabajo de la Defensoría de la Universidad de Chile. A ello hay que sumarle lo que hizo Codepu, Villa Grimaldi y otras organizaciones de regiones como las de Coquimbo, Antofagasta y Los Lagos, que aportaron según sus posibilidades.

Pero otra vertiente de esta memoria histórica fueron las familias y los territorios. Las familias, en sus vivencias represivas, en las formas de contar ese período dictatorial, fue forjando una generación de jóvenes -quizás la segunda generación- que tomó como referencia esas vivencias familiares y se rebeló también ante la reacción violenta del gobierno y sus FFAA y Carabineros, que parecían retomar el rumbo de la dictadura; es decir, poner sus armas al servicio de los poderosos, más allá de quién provocaba la crisis y la violencia estructural de tantas décadas.

En esta vertiente encontramos una cierta redención de los años muertos. Los años muertos en sentido metafórico, por supuesto, aquellos 30 años en que la reacción a la desigualdad y la injusticia, los límites a la democracia y los privilegios de las élites, no eran tema en la agenda de los gobiernos y coaliciones, enceguecidas por el crecimiento económico, el consumismo y los aplausos que se recibían desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Club de Davos.

Sería importante hacer un balance de los 30 años en relación a la política de protección y promoción de una cultura e institucionalidad de los derechos humanos. Esto es clave para abordar las cuestiones constitucionales que estarán en el debate. El “Nunca Más” se desvaneció como promesa estatal a partir del 18 de octubre del 2019.

¿Crees que, con toda la evidencia en relación a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por Carabineros de Chile, y su crisis institucional a todo nivel, es posible una reforma de dicha institución o bien se debe propiciar su fin para dar paso a otra policía despojada de toda esa herencia?

Creo que, en relación al comportamiento de Carabineros, el capítulo del Informe sobre heridos con trauma ocular y el capítulo de violencia sexual demuestran, en cierto sentido irónico, que no es un tema de mala formación o de una institucionalidad que no funciona. Creo que en el ámbito de la represión se demostró que tienen una muy buena formación para lograr objetivos y funcionan para ello muy disciplinadamente. Esto ha quedado también demostrado con la represión a los mapuche asesinados en democracia, los heridos a perdigones de Aysén y en otros lugares e incluso con las desapariciones de esta etapa transicional; es decir, la incompetencia está en el poder civil al no haber resuelto la persecución de esos criminales, ejerciendo la responsabilidad penal e institucional. Cuando eso se toleró, se hizo una conducta permitida y por tanto pasó a formar parte de lo que puede ser útil o necesario en caso de recibir la orden de reprimir. Si a ello se suma la red institucionalizada de corrupción, que fue tolerada en el sentido que nadie investigó decididamente el gasto de Carabineros por más de una década y su relación con la eficiencia para combatir el delito, se fueron creando las condiciones para la corrupción extendida, en particular en los altos mandos.

En este sentido me parece que Carabineros de Chile tiene un problema estructural, que requiere una “reforma estructural” o una refundación. Nueva doctrina, funciones preventivas especializadas, formación sin discriminación en el escalafón, control civil, etc.

¿Te parece legítimo ingresar a un proceso de redacción de nueva constitución, propuesto por el denominado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, cuando aún existen muchas personas encarceladas, especialmente jóvenes, debido a la protesta social posterior a la rebelión del 18 de octubre?

Si te refieres a si es legítimo redactar la nueva Constitución existiendo presos de la protesta social, yo creo que sí, entendiendo que no es justo. Si me preguntas si es justo que haya presos con medidas cautelares vengativas, excesivas y sin pruebas contundentes, que les impide estar en libertad, me parece injusto, ilegítimo y probablemente en muchos casos ilegal.

Creo que son dos cosas distintas. La lucha por la nueva Constitución se da justamente porque el sistema o modelo en que vivimos es desigual, discriminatorio y opresivo para los que tienen menos, por lo que la existencia de injusticias e ilegitimidades es parte de lo que la propia lucha y la redacción de la nueva Constitución buscará cambiar. El proceso de redacción se legitima por la participación que tengamos en la elección de constituyentes y en la participación que exista para influir en ella.

Todo esto no quita la injusticia de que ocurra el proceso con presos que fueron protagonistas justamente de la posibilidad que ocurriera este proceso constituyente.

Es por lo anterior que es preocupante que los organismos encargados de la protección de los derechos de esas personas detenidas, no estén cumpliendo con la agilidad necesaria la tarea de denunciar la situación o hacer la defensa o responder al principio pro persona que debieran tener esos procesos en que, en muchos casos, se han fabricado pruebas, se han manipulado otras o simplemente se les ha “cargado” la culpa, y todo ello con una pandemia que hace más riesgosa la situación de salud en las cárceles.

En el informe se señala que en el último tiempo, distintos países incluido Chile, han buscado marcar una distancia política respecto de la influencia del derecho internacional de los derechos humanos (como rechazar las atribuciones de la Corte Interamericana o el rechazo la firma del Convenio de Escazú, entre otras). ¿Por qué crees que ocurre?

Los países a los que te refieres son básicamente aquellos gobernados por los autoritarismos, los que están poco comprometidos con la democracia o simplemente los que son campeones del neoliberalismo. Como se comprobó en Chile en la época de Pinochet, neoliberalismo y democracia no se llevan bien, se llevan mejor con gobiernos dictatoriales o autoritarios.

En este sentido, los derechos humanos y los ambientales, y todo el sistema del derecho internacional de los derechos humanos, que no ha sido capturado por los intereses de los grupos económicos transnacionales, les sigue siendo incómodo, les aparece como un obstáculo al ejercicio de su poder total y/o -como en el caso chileno el Convenio de Escazú- para seguir depredando la naturaleza, en favor del extractivismo .

Esta estrategia de devaluación de los derechos humanos viene desde G.W. Bush y el atentado a las Torres Gemelas a inicios del 2000, cuando crearon los campos ilegales de tortura y la estrategia del miedo para que se aceptara que, en el combate al terrorismo, no hay ley que pueda o deba ser obstáculo. También se agrega la oposición del mismo Estado Unidos y otros aliados de éste, a la conformación del Tratado de Roma sobre la persecución de los delitos de lesa humanidad.

Esto en la actualidad tiene su doctrina, y para ello en Chile han revivido el miedo al comunismo, al mapuche, al migrante y a todo aquel extraño que por ser extraño no merecería igual trato que otra persona que piensa distinto al que tiene el poder.

Por ello es que hay que comprender que los derechos humanos son históricos y no se mueven de forma “ascendente” hacia un mundo mejor. Los derechos humanos son un producto de luchas sociales, culturales y políticas, ligadas a las luchas democráticas y de justicia social. Se producen retrocesos y se levantan ideologías para contradecirlos, por eso los derechos humanos no están en el registro del “buenismo”, sino en el campo de las disputas por ampliar la democracia, la justicia y las libertades. 

Se ha venido sosteniendo que ingresamos a un escenario mundial pos-pandemia en donde los Estados nacionales profundizarán sus mecanismos de control de la población en nombre de la defensa ante amenazas externas de distinto tipo (sanitarias, económicas, migratorias, etc.), con el consiguiente peligro de normalizar los estados de excepción constitucional y la restricción de los derechos y libertades de las personas y comunidades, ¿Crees que vamos en esa dirección?

Hay un hecho claro. Los datos que producimos cada uno/a, sea al comprar algo con una tarjeta, cuando das el número del RUT para obtener un descuento, cuando te conectas a Spotify, a Netflix, navegas por Facebook o tuiteas, significa que estás regalando información para múltiples objetivos. Esa información privada tiene escasa regulación y mucho menos control. Es el nuevo petróleo de la economía digital.

La Unión Europea ha desarrollado algunas normativas y sanciones contra grandes compañías y empresas que utilizan y trafican con esa información. También están abordando los temas de los derechos de las personas a su privacidad y sobre sus datos. En este campo, lo más probable es que comencemos a presenciar derechos humanos de nueva generación, tipo 5G. Habrá que prestar atención.

Por otra parte, ya hemos estado experimentado el uso político de los datos para manipular a los electores y ganar elecciones en base a mentiras, destrucción virtual de los contrincantes o difusión de verdades a medias. Esto no está resguardado por el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 y menos en la Declaración Universal del 1948. Hay un gran desafío.

Y, en relación a la pandemia, se produce el fenómeno que sin información es muy difícil combatirla o prevenirla. La información en sí no es dañina, el uso que pueden hacer las farmacéuticas u otras empresas sí pueden ser dañinas y más aún si se coluden con el poder político autoritario.

Y, tomando el caso chileno, el abuso de los estados de excepción y la manipulación de la información lo que hace es insegurizar a la población sobre el futuro inmediato, lo que permite un mayor control social sobre ésta. RPS


Puedes revisar el Informe “El Estallido de las Violaciones a los Derechos Humanos” aquí: https://cl.boell.org/es/2020/12/21/el-estallido-las-violaciones-los-derechos-humanos