Entrevistamos a Gonzalo Marín, dirigente de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadorxs de SENAME (ARMETRASE), para que nos cuente sobre la mirada desde trabajadores y trabajadoras de las condiciones laborales y de atención a niños, niñas y adolescentes que entrega dicha institución, y las crisis y cambios que enfrenta.


Cuéntanos cómo surge ARMETRASE y su posición en relación a las asociaciones de funcionarios “tradicionales” o históricas del Servicio Nacional de Menores (SENAME).

ARMETRASE surge el año 2015, en medio de un proceso de movilización de trabajadores y trabajadoras de SENAME a nivel nacional y específicamente en la región Metropolitana. Este proceso de movilización tuvo como contexto particular la negociación entre las autoridades del SENAME y las asociaciones gremiales existentes en ese momento, por el mejoramiento de grados asignados en la escala única de remuneraciones establecida para las y los trabajadores del sector público; es decir, parte de una motivación esencialmente económica, de reivindicación por mejoramiento salarial. Dicho proceso dejo entrever el carácter espurio de la relación históricamente establecida entre estas organizaciones y la institución, caracterizada por una progresiva disociación de rol histórico desde el cual se concibe una organización sindical, cualquiera sea, y que tiene que ver con una genuina defensa y reclamación permanente por el bienestar colectivo de trabajadores y trabajadoras. Esta relación histórica interpela directamente el rol de estas organizaciones y el concepto de sindicalismo que las sitúa, cuyo mecanismo de acción fue principalmente la negociación de las cúpulas dirigentes con los representantes institucionales y donde trabajadores y trabajadoras estuvieron y están aún ajenos a las decisiones e intereses particulares que procuran sus representantes.  Las y los trabajadores fueron durante mucho tiempo instrumentalizados en estos escenarios de conflictos y negociaciones, donde la movilización activa y directa y la posibilidad de representarse legítimamente como colectivo estaba cautivo de los intereses propios de estas cúpulas dirigenciales.

Es importante señalar también que estas organizaciones sindicales expresan la correlación de fuerzas que sostuvo el consenso político establecido en Chile a partir del plebiscito del ´88 y el proceso de democratización frustrada que se abre a partir de 1990. Estas organizaciones sindicales son instrumentos o expresiones de la Democracia Cristiana (DC), del Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC). Esta negociación ajena a la trasparencia y la deliberación colectiva, propició que la pertenencia a un sindicato deviniera en una mera relación clientelar, lo que a nuestro juicio es absolutamente impropio de una organización sindical verdaderamente comprometida con la defensa genuina de los intereses colectivos de las y los trabajadores.

A este análisis también se debe sumar la permanente ausencia en estas organizaciones de un planteamiento que pueda hacerse cargo de las observaciones, críticas y denuncias que históricamente se han realizado hacia la institucionalidad SENAME, especialmente respecto de  las condiciones de atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y de los casos de abusos y vulneración de derechos que efectivamente han ocurrido en Organismos Colaboradores y en Centros de Administración Directa. Por el contrario, estas organizaciones sindicales no han sido capaces de trascender una mirada de defensa corporativa frente a esos cuestionamientos.

Hay que decir también que SENAME es una institución creada el año 1979 por la Dictadura Militar, en una lógica subsidiaria, con toda la carga que eso significa, es decir una institución que no es concebida para garantizar derechos sino para otorgar prestaciones focalizadas para paliar una situación de emergencia, con una estructura de gestión además fuertemente vertical y autoritaria. Esta estructura en nada fue modificada por las autoridades que a partir de 1990 se hicieron cargo de la dirección de SENAME, sino que por el contrario, se profundizaron situaciones vinculadas a hacer del Servicio un territorio de conquista de puestos y designaciones que han favorecido a quienes pertenecen a las organizaciones políticas que sustentan las administraciones de turno (siendo gran parte de la época concertacionista un reducto de la DC).  De esta manera, se produce el peor de los escenarios: el contubernio entre autoridades cuyo origen no está en la trayectoria y experticia técnica, sino en el cuoteo político y la repartija de cargos, y organizaciones sindicales funcionales y cómplices de esta situación.

Entonces cuando surge ARMETRASE, lo hace como una expresión sindical disidente de esta forma de entender nuestra situación como trabajadores y el rol que nos compete en la ejecución de las políticas públicas de infancia y juventud en condiciones de riesgo y vulnerabilidad. En ese sentido pensamos nuestro rol como una organización que promueve una permanente reflexión crítica en las y los trabajadores de SENAME respecto de nuestra condición en tanto agentes públicos responsables inmediatos de la garantía de derechos de niños, niñas y jóvenes que están en los diversos programas, y en esa línea ejercemos una práctica activa de denuncia y movilización frente a las permanentes irregularidades e inconsistencias que definen a SENAME, donde también es fundamental ir construyendo en la fraternidad y la crítica, redes con otras organizaciones e instancias  que piensan y luchan la  garantía de derechos para niños y jóvenes en nuestro país no como un planteamiento abstracto  y parcializado (o si se quiere reducido a un estatuto de garantías y prestaciones específicas), sino que vinculado profundamente a las luchas que actualmente se desarrollan en Chile por constituir un nuevo marco institucional y transformar profundamente nuestra sistema político económico y nuestra sociedad. En eso también señalamos nuestro planteamiento político en la lógica de reconstruir organización sindical y ser alternativa para los actuales trabajadores y trabajadoras de SENAME y en los nuevos Servicios que lo reemplacen, pensándonos también como organización y sujetos protagónicos en este proceso histórico: es desde allí que pensamos la posibilidad concreta que niños, niñas y jóvenes sean realmente sujetos de derechos y no usuarios de una institucionalidad que administra  precariedad y reproduce vulneraciones. Dicho de otro modo, como organización tenemos claridad que la lucha para que los niños, niñas y jóvenes sean sujetos de derechos en nuestro país es la lucha contra el adultocentrismo, contra la instrumentalización nefasta del ejercicio de responsabilidades públicas en base a intereses particulares partidarios o de otros grupos y contra la racionalidad económica neoliberal con que se piensa el rol de Estado en esta materia.

¿Cuáles dirías que son en general las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores de los programas administrados directamente por el SENAME?

Creo que es importante señalar que así como es conocida la incapacidad de la institucionalidad SENAME por garantizar debidamente los derechos de niños, niñas y jóvenes atendidos en centros de administración directa u organismos colaboradores, también son recurrentes las situaciones de abuso y precariedad laboral hacia trabajadores y trabajadoras del Servicio.

Los roles de jefatura se ejercen con arbitrariedad y discrecionalidad, los contextos laborales son altamente precarizados en sus recursos y condiciones  materiales (con jornadas laborales para los trabajadores que se desempeñan en funciones de trato directo que llegan a las 36 horas continuas en muchos casos), se normalizan prácticas de maltrato laboral, hay escazas instancias de formación y mejoramiento para el desempeño de funciones, con trabajadores y trabajadoras bajo amenaza permanente a su continuidad laboral, expuestos cotidianamente a agresiones producto de situaciones de descompensación emocional de niños, niñas y jóvenes (cuyos requerimientos de atención especializada en salud mental son invisibilizados  por las autoridades a cargo) y sin instancias de salud laboral para afrontar este desgaste psicológico. Como corolario, durante el último periodo, se suman sueldos impagos por dos o tres meses para trabajadores y trabajadoras de reciente ingreso, quienes además por estar en condición de contrato a honorarios, se encuentran en una inestabilidad permanente. La coyuntura de pandemia no ha hecho sino exacerbar estas situaciones críticas.

A lo anterior, hay que agregarle lo complejo que ha sido en los últimos tiempos el aumento de la percepción hostil en sectores de la opinión pública, y también por autoridades y representantes políticos, hacia quienes nos desempeñamos en esta institución. Esta percepción hostil de la opinión pública lamentablemente funciona muchas veces situando casi exclusivamente a las y los trabajadores que atienden a niños, niñas y jóvenes como los únicos responsables de las condiciones vulneratorias y de precariedad en que se desarrollan sus procesos interventivos. En ese sentido, es parte de los contenidos presentes en las movilizaciones de las y los trabajadores de SENAME el trasponer el concepto de defensa corporativa respecto de esta imputación, constituyéndonos  en actores políticos que ayudan a informar a la opinión publica cuales son las reales condiciones de funcionamiento, a denunciar las responsabilidades de quienes dirigen la institución y definen estas condiciones de funcionamiento,  y a generar acciones y propuestas para transformar la actual situación.

Las actuales movilizaciones de las y los trabajadores del Centro de Internación Provisoria (CIP) de Justicia Juvenil de San Joaquín frente a su situación de inseguridad producto del aumento de agresiones y el descontrol frente al ingreso de drogas desde el exterior; de las y los trabajadores de Residencias Familiares por mejorar condiciones de intervención apuntando a aspectos como el perfil de ingreso y los requerimientos de salud mental para los niños y niñas atendidas, además de la situación de precariedad laboral y sueldos impagos, apuntan precisamente a ese objetivo de reivindicación y defensa de derechos, pero también de construcción de alteridad en el rol.

¿Cómo han enfrentado la crisis sanitaria considerando que entregan una atención esencial y permanente para muchos niños y niñas sin cuidados familiares?

Este periodo de crisis sanitaria ha sido particularmente complejo para las y los niños que se encuentran en Residencias Familiares y de jóvenes que están en Centros de Internación Provisoria y Centros de Régimen Cerrado a lo largo del país. En la base están las condiciones de restricción para la circulación de personas, uso de espacios públicos, aforos, funcionamiento parcial de dispositivos de educación y salud, etc. que ha afectado al conjunto de la población. Para las y los niños de las residencias esta situación se ha traducido en una imposibilidad de poder realizar con normalidad actividades fundamentales para su desarrollo personal y procesos restitutivos. A esto habrá que sumarle que la mayor parte de las familias de origen de los niños y niñas atendidas tienen condiciones de precariedad material que profundizan aún más esta complejidad. Si bien es cierto se han aplicado algunas estrategias para palear en algo esta situación, lo cierto es que su situación se ha visto aún más postergada. Creemos que el incremento de las crisis emocionales en el último tiempo puede ser consecuencia de este contexto de encierro prolongado.

A esto  se le debe adicionar que algunos de estos eventos de descompensación, al ser reproducidos en redes sociales y medios de comunicación, de manera parcial o derechamente desinformada, han incidido en una mayor tensión sobre estos espacios residenciales, especialmente cuando  la reacción ciudadana ha desarrollado acciones de “hostigamiento” en torno a estos espacios. En ese aspecto, si bien las motivaciones para la realización de dichas acciones son absolutamente comprensibles y compartidas, dicho actuar genera dos escenarios muy complejos. Por una parte, la exposición indebida de niños, niñas y jóvenes, respecto de lo cual claramente debe existir un resguardo que  evite situaciones de revictimización en un proceso de reparación de experiencias traumáticas y restitución de derechos; entonces, cuándo se desarrollan estas acciones, cuándo se instalan canales de televisión afuera de las residencias, cuándo se comparten imágenes o información parcializada, se olvida que dentro de las residencias se encuentran precisamente niños y niñas que también resultan revictimizados. Por otra parte, desde una mirada más estructural, la consigna “No más SENAME”, al ser expuesta y accionada muchas veces desde estos mismos códigos, termina también siendo una dispositivo de  descompresión de la tensión político institucional en que se sitúa la transformación institucional de SENAME, en tanto , el llamado a terminar con la institución no profundiza respecto de qué es lo que va a cambiar y de qué forma, lo cual es altamente conveniente y funcional  para invisibilizar las inconsistencias de las autoridades que pretenden a partir de este contexto establecer cambios superficiales  en la política pública de infancia y juventud. Este fenómeno ya lo vemos en los anuncios sobre el nuevo servicio de protección a la niñez, que en nada corrige y transforma las condiciones estructurales que han determinado que en su historia, el SENAME se configure como una institución administradora de precariedad y  reproductora de vulneraciones. La consigna “No más SENAME” debe atender sobre qué es lo que se está levantado en su reemplazo.

A propósito de esto último, El SENAME está pronto a dividirse en dos nuevos servicios, el Servicio de Protección a la Niñez y el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Actualmente se discute en el Congreso un proyecto para indemnizar a trabajadores y trabajadoras que no continuarán luego de esta división. ¿Cuál es la posición de ARMETRASE respecto de esta división y de lo que se discute en el Congreso?

Como señalo con anterioridad, la operación de transformación institucional de SENAME en dos instituciones especializadas con dependencias ministeriales distintas es algo que ocurre solo a nivel retorico, superficial, es solo un cambio de nombre. Por eso preocupa el impacto de la consigna NO MAS SENAME en este punto, considerando los intereses de la agenda política de un gobierno particularmente interesado en instalar hitos mediáticos para generar rédito electoral y reproducción en el ejercicio del poder. En lo especifico, las autoridades de SENAME, MINJU y algunas cúpulas sindicales de SENAME tranzaron un protocolo de traspaso de los actuales funcionarios y funcionarias a los nuevos servicios que en sus términos originales era preocupantemente regresivo para derechos y garantías debidamente establecidos. Entre otras cosas, otorgaba facultades superlativas a la directora nacional del SENAME para despidos, con la excusa de que los funcionarios serán evaluados respecto de la idoneidad de sus competencias de desempeño laboral, desconociendo aspectos importantes de los derechos de las y los trabajadores públicos, como la titularidad y continuidad en el cargo y  las evaluaciones de desempeño precedentes; más aún, la evaluación en términos específicos se desconoce en sus contenidos, y se deja a cargo de entidades privadas. Varios de estos aspectos continúan aun en discusión en sus cuestiones más específicas, en este caso en la Cámara de Diputados. Un punto aparte en esto es el rol vergonzoso que le ha correspondido interpretar a las organizaciones sindicales ANTRASE y ANFUR al suscribir este acuerdo, convirtiéndose en aparatos sindicales de facto de la administración de Pinera y del Ministro Hernán Larraín. Por eso mismo también hacemos un llamado de atención a los gremios del sector publico respecto de esta situación,  en un contexto donde este mismo gobierno ha declarado pretensiones de modificar las condiciones estructurales del empleo público en nuestro país a través de la propuesta de introducción del contrato único colectivo en el Estado, que entendemos como una nueva forma de precarización las y los trabajadores del sector público.

En relación a los niños, niñas y adolescentes atendidos en programas de administración directa de SENAME. Según tu opinión ¿Cómo es en general su calidad de vida?

Creo que no podemos afirmar un concepto como calidad de vida para los niños y  jóvenes residentes  en Centros de SENAME cuyas condiciones están determinadas directamente por  los criterios ya señalados de administración de la precariedad y naturalización de la reproducción estructural de condiciones  vulneratorias. Esto es también lo que vivenciamos las y los trabajadores. Por eso entendemos en cada evento de descomposición emocional, la frustración y desesperación que provoca experienciar como realidad cotidiana estas condiciones, sin atisbos de esperanza que impliquen su modificación radical. Es, en último término, la lucha por resistir a ser invisibilizados como “usuarios objetos de prestaciones”, la lucha por afirmarse como sujetos plenos de derechos frente a una institucionalidad adultocentrica, autoritaria, punitiva y precarizadora.

Has mencionado a las Residencias Familiares, que son los nuevos dispositivos de atención que reemplazan a los antiguos centros masivos denominados CREAD. Recordemos que, presionado por diversos organismos de derechos humanos, el gobierno de Piñera se comprometió a terminar con todos los centros de atención masivos de administración directa de SENAME, los CREAD, y reemplazarlos por residencias más pequeñas para favorecer una atención más personalizada, las Residencias Familiares. Este proceso de cambio de un dispositivo de atención a otro se encuentra actualmente en curso ¿Cómo crees que ha sido esta transición tanto para niños y niñas como para trabajadores y trabajadoras?

Ha sido complejo por la incertidumbre que se ha instalado, a partir de lo expresado en denominado “Acuerdo Nacional por la Infancia” firmado por la clase política en el 2018 (sobre las mejoras urgentes y la posterior transformación de SENAME) y una retórica  que dice poner en prioridad la situación de niños y jóvenes en condiciones de resigo y vulneración pero cuyo contenido específico es solo un cambio cosmético, un cambio de nombre o sigla pero que mantiene y profundiza en algunos casos la externalizacion de aspectos claves para la gestión de los centros de administración directa, continuando con una lógica subsidiaria para la atención y cobertura de necesidades específicas de atención de niños y jóvenes, apelando a esta “ficción” que resulta la intersectorialidad, que en lo concreto y real funciona en base a las posibilidades truncas de instituciones tan precarizadas como SENAME, especialmente el sistema de salud público. La incertidumbre tiene que ver con eso, con que este necesario proceso de transformación institucional de la lógica en que el Estado chileno se ha hecho cargo históricamente de la situación de niños y jóvenes, no se agote en los interés transaccionales de un grupo de autoridades y representantes políticos en quienes hoy radica esta toma de decisiones, como de alguna manera ha transcurrido la gestión de las políticas públicas en nuestro país en los últimos 30 años. Pero esa incertidumbre es también la posibilidad de la duda, la reflexión y la reconfiguración del agenciamiento y la acción para develar lo que no emerge ni se conoce con mayor claridad, y desde estos parámetros, desarrollar el contrapunto como sociedad y organizaciones que permita tensionar  e incidir en estas definiciones, entendiendo que la transformación de las condiciones de garantía de derechos  de niños y jóvenes es también la lucha por la transformación de todas las instituciones que precarizan nuestra existencia, que nos llevan día a día  a límites intolerables de desigualad e injusticia social , y en la que hoy, como trabajadores y trabajadoras del sector público, y específicamente de la nueva institucionalidad que surja de SENAME, somos llamados a ser partícipes activos. RPS