Por Rosa González Lazo, militante del Movimiento Dignidad Popular


Este martes 12 de octubre, fecha que recuerda la colonización de Abya Yala, el gobierno de Chile, encabezado por Sebastián Piñera, ha promulgado un decreto para declarar estado de excepción en la Macro Zona Sur de la Araucanía, específicamente en los sectores de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco. Esto, en medio del dolor y consternación del pueblo chileno ante un nuevo asesinato de una manifestante, esta vez una activista de derechos humanos, a manos de las fuerzas represivas chilenas, y apenas 10 días después de que la Contraloría rechazase nuevamente la intención del gobierno de decretar facultades especiales a las fuerzas armadas en la zona una vez terminara la pandemia, por considerarla inconstitucional.

En efecto, el día lunes 10 de mayo del presente año, La Tercera informó en su portada online la noticia de la evaluación del gobierno de presentar un decreto (N°265) a Contraloría, con la finalidad de permitir el apoyo de las FF.AA. a las policías en la Macrozona Sur una vez terminara el estado de excepción. Esto suponía favorecer una colaboración en logística, tecnología y transporte, principalmente motivados para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. La misma noticia señalaba que el año 2019 el gobierno, con algunas dificultades, había promulgado un decreto que, con “alcance” de la propia Contraloría, otorgaba facultades a las FF.AA para combatir en la zona el narcotráfico. Es decir, ya desde hace un tiempo se busca sostener la presencia de militares en la zona una vez la pandemia ya no justificara el estado de excepción, buscando así ampliar funciones y capacidades al ejército de Chile en la Araucanía.

El año 2021 ha sido un año especialmente particular en lo que refiere a la relación entre el Estado nación chileno y el pueblo mapuche. Por primera vez en nuestra historia asistimos a un feriado universal para el año nuevo mapuche, we tripantu o we truñol. Además, la elección de la presidenta de la convención constitucional, sienta un importante hecho simbólico en la actual coyuntura política. Sin embargo, también este año se ha agudizado el conflicto entre ambos actores, pudiendo advertir, desde enero de este año a la fecha, prácticamente un mapuche muerto por mes, incluyendo niños. En esta columna, queremos centrarnos principalmente en un elemento que consideramos de suma gravedad, una fake new o abiertamente un relato mentiroso y manipulador por parte del bloque en el poder, y que tiene que ver con ligar la lucha mapuche con el narcotráfico.

En 2019, cuando se discutió las posibilidades de otorgar a las fuerzas armadas las facultades anteriormente señaladas, el proyecto fue frenado apelando a la inconstitucionalidad de las medidas propuesta. Ahora bien, más allá de la acusación de inconstitucionalidad que pueda volver a poner en tela de juicio políticas de este tipo, parece oportuno cuestionarse sobre el sentido de esta política pública. ¿Por qué se insiste en militarizar la macrozona sur? ¿Sobre qué suposiciones se llega a la conclusión de que es la mejor manera de combatir la triangulación que se hace entre crimen organizado, narcotráfico y terrorismo? ¿Qué lecciones podemos sacar de la experiencia comparada y qué nos dice eso de posibles escenarios para el futuro?

La experiencia comparada muestra que la militarización de localidades donde supuestamente se quiere combatir el narcotráfico y/o el mercado de drogas, genera la tendencia justamente contraria. Es decir, intensifica el conflicto armado, como sucediera en Venezuela y sobre todo en aquellas zonas donde la política viene inspirada en las asesorías o planes estadounidenses, como en los casos colombiano y afgano. Además, hay elementos suficientes para pensar que, en realidad, más que responder a una realidad efectivamente concreta, políticas de este tipo responden a sesgos ideológicos particulares (es decir, a una “sobreideologización de derecha”) y están destinadas a dar un marco de institucionalidad o legalidad al “combate contrainsurgente”. En este caso, la excusa para profundizar el conflicto del Estado chileno contra el pueblo mapuche.

Si se hace una breve observación de noticias, entre el treinta de septiembre de 2021 (día que la contraloría declara nuevamente inconstitucional un decreto de este tipo) hasta la fecha, podemos notar cómo el discurso del combate al narcoterrorismo se ha venido levantando desde diversos espacios. Ese mismo 30 de septiembre, el diputado Mellado de RN se quejó contra el narcoterrorismo; el día tres de octubre, la senadora independiente pro RN Carmen Gloria Aravena mostró su preocupación por la predominancia del narcoterrorismo; el cinco de octubre fue Sebastián Sichel quien se pronunció al respecto en medio de la carrera presidencial; dos días después fue el turno de la también senadora Ena Von Baer y finalmente, el día nueve de octubre, el ministro Ossa quien, ante el anuncio de la fiscalía de investigar a Piñera por los “pandora papers”, invitó de vuelta a la entidad judicial a investigar sobre el narcoterrorismo. Ese mismo día, el senador Chahuán solicitó explícitamente al presidente que decretase estado de excepción en la Macro Zona Sur. Todo ello junto a un paro de camioneros de por medio.

A partir de consideraciones de pensadores políticos liberales como John Rawls, se puede señalar que cuando en una democracia se admite la propagación de discursos racionales, pero no razonables, es porque estamos ante hechos que, o bien están a la base del despliegue de pensamientos y acciones propias de regímenes extra-democráticos como las dictaduras o el fascismo, o bien, a lo menos, se está dañando profundamente la democracia. Los vociferamientos señalados anteriormente, así como otros proferidos por Felipe y José Antonio Kast, Axel Kaiser o el subsecretario Galli, de vincular al pueblo-nación mapuche como un actor que estaría relacionado orgánicamente al crimen organizado, estarían en la línea de seguir afectando nuestra convivencia.

Juan Pablo Luna, analista del Instituto Milenio Fundamento de Datos (IMFD), señala que hay tres mitos sobre el combate a las drogas que se deben subsanar para enfrentar de manera coherente y consistente con la realidad los desafíos que implica el crimen organizado. El primero, sobre la supuesta demarcación clara entre institucionalidad y crimen organizado. El segundo, sobre la supuesta focalización de la problemática del crimen organizado expresada en el narcotráfico que ocurriría únicamente en poblaciones o barrios marginales. Y el tercero, sobre el hecho que el narcotráfico genera violencia.

En cuanto al primer mito, resulta claro que el crimen organizado muchas veces no solo penetra sino que también hace parte de sus planes a los espacios institucionales. Es lo que sucede en el caso mexicano, colombiano y brasileño con mayor notoriedad en nuestra región. Para el caso chileno ha existido la noción – o al menos eso ha intentado sostener la prensa hegemónica – de que el narcotráfico aparece ahí donde desaparece el Estado. Sin embargo, sabemos que esa situación está lejos de ser real, cuestión que se evidenció con mayor parafernalia a través de los vínculos del ex alcalde de San Ramón con el crimen organizado, pero que también podría ser evidenciado en otras comunas del país.

Nuestra historia reciente muestra que existe al menos desde la década de 1980, con el gobierno militar, un vínculo que relaciona a una parte de la institucionalidad chilena y que, con el tiempo, aunque de manera menos evidente, se ha valido de una vinculación que se ha extendido a otras instituciones y se ha intensificado para seguir creciendo. Al ya existente mercado y paso de cocaína iniciado en la década de 1950, la dictadura vino a reestructurar su producción, su distribución e incluso su consumo en el país. Lo que fuera un secreto a voces, que los militares habían armado a los narcotraficantes, dejó de serlo con la reciente comprobación de este vínculo, la cual ha sido llevada a la justicia por el capitán del ejército Rafael Harvey, quien, por lo demás, ha sido hostigado laboralmente impidiéndole ascender al grado de general.

Respecto al mito del narcotráfico en las poblaciones, se tiende a creer o generar la sensación de que el problema del narcotráfico se expresa principalmente en la micro-distribución. Sin embargo, estas redes, además de penetrar, valerse o ser parte de la institucionalidad democrática, sostienen un ciclo de trabajo de generación de valor por medio de una cadena productiva, vinculada a la producción, macro-distribución, micro-distribución y lavado de dinero (lo que implica hablar de crimen organizado antes que de narcotráfico). En ese marco, se esperaría que la zona mapuche tuviera vínculos que permitieran desarrollar dicha cadena productiva. Esto último implicaría asumir que sectores mapuche tuvieran formas de negocios que le permitan liquidez y generación de valor para justificar la ganancia por la venta de drogas.

En cuanto al mito de que el narco genera violencia, Luna señala que esta no es consustancial al narco pues este prefiere el orden y la estabilidad para poder cumplir con todas aquellas funciones que le permiten aumentar el volumen de su ganancia descrita anteriormente. Los espirales de violencia se darían cuando hay fracturas en el poder o caen los pactos de protección en los órdenes clandestinos, como ocurriera con el gobierno que sucedió a los 70 años del PRI en México. Señala Luna “los narcos 3.0, pasan piola”.

Esto nos lleva a un último elemento que nos parece relevante a la hora de echar por tierra supuestos sobre los que el pueblo mapuche estaría ligado al narcotráfico o el crimen organizado. La experiencia muestra que en aquellos países donde se ha combatido el crimen organizado desde el enfrentamiento violento, ha generado en ocasiones olas o espirales de violencia que, en una constatación de luchas de hegemonías, no resuelve el problema. Esto ha sucedido en Venezuela, donde parte de la política del combate a las drogas, además de lo propuesto desde un enfoque de prevención, fue el enfrentamiento directo para desbaratar las bandas de narcotráfico, lo cual hasta la fecha ha generado una suerte de situación de statu quo entre ambos actores.

Lo mismo ha sucedido en Colombia aunque, a diferencia del caso venezolano, la política de combate a las drogas se ha diseñado e implementado principalmente por Estados Unidos, con las diferencias políticas que ello implica. En la implementación del plan Colombia a partir del año ´80, así como en el caso de Afganistán, no sólo creció la violencia, sino también la distribución y consumo de drogas hacia y en los principales mercados donde exportan estos países. Y es que, tras el manto del combate al narco o narcoterrorismo, se da una doble situación: por una parte, Estados Unidos fortalece y/o actualiza sus vinculaciones con dicho mercado en momentos estratégico; y por otra, cualifica sus políticas militares orientadas a sostener la hegemonía en sus radios de influencia, perfeccionando las sutilezas de su combate contrainsurgente. No por nada, en un reciente informe de política pública estadounidense, donde participaron autoridades como el presidente del senado, se concluye que el plan Colombia habría sido un pésimo programa antidrogas y un excelente plan contrainsurgente. Esto es de especial importancia para el caso chileno, si se toma en cuenta que el denominado “comando jungla”, aquella fuerza especial creadas para combatir al pueblo mapuche en la Araucanía, fue formada justamente por las fuerzas especiales colombianas que combatieron las FARC.

Si seguimos las reflexiones de Luna en Ciper, es posible pensar en la posibilidad de estarnos sumando a un camino donde un tipo de crimen organizado intra y extra institucional va tomando una presencia cada vez más significativa en nuestra vida nacional y en su democracia e institucionalidad burguesa; así como también respecto de la actualidad histórica de los vínculos de las clases dominantes chilenas con el imperialismo estadounidense, a partir de un “cuadrataje” muy claro de esta con la creación del relato de un enemigo interno que viene desde fuera.

Ambas cuestiones implican desafíos profundos cuyas soluciones iremos encontrando al calor de la práctica. Sin embargo, enunciar teóricamente los desafíos que esto supone, resulta un ejercicio sumamente necesario para no caer en el voluntarismo ni en el desarrollo de planes de acción política que queden excedidos por la realidad. Sin duda en esta reflexión no se resuelven los problemas que aquí se enuncian y podemos encontrar otras reflexiones sólidas para profundizar en lo que aquí se ha dicho. No obstante esto, el ejercicio de intentar develar sobre qué lógica se está operando es fundamental para situar a qué nos estamos ateniendo. En este sentido, esperamos que esta reflexión, que consideramos complementaria a otras, haya ayudado a situar una problemática que debería mantenernos atentos y despiertos en tanto organizaciones del mundo popular. RPS